AYUDAS ALQUILER

 In Sin categorizar

Si es usted persona vulnerable con ingresos mensuales menores a 1.613€/mes, podrá solicitar ayudas al alquiler  a través de los Asistentes Sociales con créditos para 4 meses de alquiler sin interés y a devolver en 6 años, prorrogables 4 años mas.

404013.TIF

Como bien sabrán, el día 1 de abril, se publicó el RD – Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Este RD pretende garantizar la estabilidad de los arrendamientos para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad dando un distinto tratamiento para aquellos alquileres cuyos arrendadores son, según los criterios del propio RD, grandes tenedores.
Pretendo con este escrito resumirles de forma concisa, los aspectos más relevantes del Real Decreto – Ley 11/2020 en cuanto a los aspectos que pueden incidir en sus contratos de arrendamiento.

En primer lugar, el mencionado RD, en su capítulo 1, establece una serie de medidas de protección para los arrendatarios vulnerables para la vivienda habitual del arrendatario y más concretamente a los contratos sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre. Esto quiere decir que la protección, que la norma no presta protección a los contratos de uso distinto a la vivienda (locales de negocio, contratos de temporada, etc).

En segundo lugar, la norma impone lá suspensión de los procedimientos de desahucio y los de lanzamiento para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional por el plazo de 6 meses. Con esta medida el ejecutivo paraliza la posibilidad de interponer desahucios y ejecutar el lanzamiento de aquellos que ya se han celebrado, para aquellas viviendas donde el arrendatario o cualquiera de los miembros que convivan con él, se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la expansión del COVID-19.

En tercer lugar, se establece una prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la ley 29/1994, de 24 de noviembre que finalice el periodo de prórroga obligatoria o de prórroga tácita. Para que opere esta prórroga extraordinaria, la debe solicitar el arrendatario al arrendador o administrador. Esta solicitud de prórroga debe ser aceptada por el arrendador, salvo que se llegue a otro acuerdo por las partes. Entiendo que este acuerdo, obligatoriamente debe ser por escrito.

En cuarto lugar, la norma publicada el día 1 de abril, establece el tratamiento que debe dar la propiedad a los inquilinos en situación de vulnerabilidad a consecuencia del COVID-19, diferenciando el tratamiento para aquellos arrendatarios cuyo arrendador a efectos de este RD son considerados grandes tenedores de aquellos que no lo son.

Quienes son considerados a efectos del RD-Ley 11/2020 grandes tenedores?.
Aquellos propietarios que lo son de 10 o más inmuebles urbanos (excluidos garajes y trasteros) o tienen una superficie de más de 1500m2 de superficie construida en propiedad en todo el territorio español.

Cómo debe tratarse la moratoria de la deuda arrendaticia por parte del gran tenedor de inmuebles urbanos?
El arrendatario podrá solicitar al arrendador desde el día 1 de abril y mientras dure el estado de alarma el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o condonación total o parcial no se haya podido acordar entre las partes.
En caso de que tras negociar con el inquilino no se llegue a un acuerdo que pueda plasmarse en un contrato de bonificación, aplazamiento, etc, el arrendador ha de presentar por escrito al arrendatario en situación de vulnerabilidad, en el plazo máximo de 7 días una de estas dos opciones:

a) Reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si el plazo fuese insuficiente con un máximo de 4 meses más.
En caso de que el propietario escoja esta opción, el importe condonado no se recupera y el inquilino queda fuera de la posibilidad de solicitar los créditos para el pago de los recibos pendientes.

b) Moratoria total de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si el plazo fuese insuficiente con un máximo de 4 meses más. La cantidad aplazada se empezará a recuperar a partir de la siguiente mensualidad de renta, mediante el fraccionamiento en TRES AÑOS, mínimo y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas, siempre sin intereses.

En este caso, la persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas en este RD-Ley y una vez obtenida la financiación, se levantara el fraccionamiento de la moratoria, el arrendatario podrá pagar de una sola vez.

Cómo debe tratarse la moratoria de la deuda arrendaticia por parte del pequeño tenedor de viviendas?
El resto de los propietarios, es decir aquellos que son propietarios de menos de 10 entidades urbanas, también se ven afectados por los efectos de la vulnerabilidad provocada por los efectos de COVD-19.
En estos casos, el tratamiento se basa en la simple negociación entre las partes, dejando la norma libertad para alcanzar un acuerdo de fraccionamiento, moratoria o exoneración del pago de la renta total o parcial.
El inquilino en situación de vulnerabilidad, debe solicitar al arrendador por escrito y en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RD, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, si no se ha llegado a un acuerdo previo y por escrito.
En este caso el arrendador, dispone del plazo de 7 días laborables, para comunicar al arrendatario las condiciones que aceptaría de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda aceptada o en su defecto las posibles alternativas que plantee.
Si la persona física arrendadora no acepta ningún acuerdo sobre el aplazamiento y en cualquier caso cuando la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad sobrevenida a causa de las consecuencias del COVID-19, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.

Que arrendatarios son considerados en estado de vulnerabilidad por el RD-L ll/2020?
El RD, establece un doble criterio para establecer la vulnerabilidad del núcleo familiar, uno que viene determinado por los ingresos directos que “entran en un hogar” y otro con relación al destino de esos ingresos para cubrir las necesidades habitaciones, el denominado “ratio”. De tal forma que no se determina la situación de vulnerabilidad motivada únicamente por el nivel de ingresos, si también porque estos no supongan un compromiso de más del 35% de ellos a la solución habitacional del grupo familiar.

1.VULNERABILIDAD POR INGRESOS:

  1. Con carácter general el límite de tres veces el IPREM (1.613,52 C)
  2. Se incrementa en 0,1 veces el IPREM (53,7 C) por cada hijo a cargo de la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
    En el caso de familia monoparental se incrementa 0.15 veces IPREM (80.6 ()
  3. Cuatro veces el IPREM (2.151 C) cuando algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Cinco veces el IPREM (2.689 C) cuando el inquilino sea una persona con parálisis cerebral, enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado reconocido de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, los casos de enfermedad grave que incapacite a la persona o cuidador para realizar actividad laboral.

2.VULNERABILIDAD POR RATIO:

  • Que los gastos y suministros básicos, resulten superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de miembros de la unidad familiar. Si el gestor considera que el inquilino puede ser vulnerable por ratio debe solicitar MÁS DOCUMENTACIÓN: Facturas suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios.

Con carácter excluyente, quedan fuera de la consideración de personas en estado de vulnerabilidad, aquellos arrendatarios o persona que forme parte de la unidad familiar que sean propietarios o usufructuarios de una vivienda en territorio español, ya sea en plena propiedad o proindiviso, con la excepción de las que procedan de herencia o trasmisión mortis causa, los que sean propietarios de vivienda y acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o por cualquier otra causa ajena a su voluntad (ocupación ilegal) o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguno de los miembros del núcleo familiar.

Cómo debe acreditar el arrendatario la situación de vulnerabilidad sobrevenida a consecuencia del COVID–19 ante el arrendador?

El arrendatario, debe acreditar al arrendador la documentación necesaria que acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad sobrevenida por los efectos del COVD-19. A tal efecto debe aportar al arrendador las siguientes documentaciones:

1.- Acreditación de su situación actual de empleo:

a) SI SE ENCUENTRA EN SITUACION DE DESEMPLEO: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) SI ES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

e) SI ESTÁ AFECTADO POR UN EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE): certificación de su empresa acreditando esta información, última nómina anterior a esta situación y nómina actual.

d) SI HA VISTO REDUCIDA SU JORNADA POR MOTIVO DE CUIDADOS A FAMILIARES DEBIDO AL COVID-19: certificación de su empresa acreditando esta información, última nómina anterior a esta situación y nómina actual.

2.- Acreditación de las personas que viven en la vivienda:

SIEMPRE DEBE APORTAR:

  1. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  2. Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar o convivientes de la vivienda.
  3. Justificación bancaria de los ingresos obtenidos en el pasado mes tras la declaración del Estado de Alarma.

SI FUERA EL CASO:

  • Si son familia: Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  • Si hay algún discapacitado: Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

Por último y para terminar, indicarles que el R.D – Ley 11/2020, en su artículo 10, establece un programa de ayudas al inquilino para acceder a micro créditos destinados al pago del alquiler, su cuantía se establece en 900 euros mensuales con un límite de 6 mensualidades o el 100% de la renta en caso de que el importe del alquiler sea menor a los 900 euros.

A la vez el artículo 19 establece posibles moratorias hipotecarias para aquellos propietarios (nunca grandes tenedores), que hayan dejado de percibir rentas desde la entrada en vigor del estado de alarma a consecuencia de los efectos de COVID-19.

Recent Posts